Por el fin de la democracia representativa

y el inicio de la democracia participativa. El Tribunal Supremo aprobó la celebración en Almuñécar de un referéndum sobre el PGOU de la ciudad. Anteriormente el Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, había prohibido su celebración, pero con esta sentencia los vecinos de Almuñécar podrán aprobar o rechazar lo que quieran para su propia ciudad más de una vez cada cuatro años, qué menos. Es algo que debería estar mucho más extendido. Y no sólo a nivel local (en el que algunos Ayuntamientos, Albacete y Coruña creo recordar, ya se someten regularmente al juicio ciudadano), también en el nacional.

Los medios técnicos y, sobre todo, el agotamiento de la vieja democracia participativa (tal vez para las generaciones que aguantaron a Franco el modelo actual esté bien, pero para los jóvenes, o al menos para mí, no) hacen posible y deseable la evolución hacia a una democracia participativa. Por ejemplo, se podrían votar los Presupuestos Generales del Estado, la ley que más nos afecta y que más transforma a un país. En una primera fase hacia una democracia más participativa, los partidos presentarían sus propuestas concretas (es decir, tanto para sanidad, tanto para educación, tanto para defensa, etcétera), llegaría la típica campaña y los no tan habituales debates y se celebraría un referéndum vinculante: la propuesta que venciera sería los siguientes PGE, gobernase quien gobernase.